Siete muertos por asfixia, otros siete presos heridos de gravedad y 15 policías hospitalizados. Otro recluso murió tras recibir atención médica. Ese ha sido el saldo que han confirmado las autoridades tras el motín que hubo este fin de semana en la cárcel de La Toma, en el municipio de Amatlán, en Veracruz, al este de México. Los ecos del amotinamiento aún persisten este lunes después de que el gobernador, Miguel Ángel Yunes, dio detalles que han dado un giro a las primeras versiones que se conocían de lo sucedido. Las víctimas mortales, seis de ellas identificadas como policías, fueron encerradas en un «espacio sin salida» y murieron intoxicados por el humo después de que los internos prendieron fuego a colchonetas, según los peritajes oficiales. «Lo de ayer fue un crimen, sabían lo que hacían», ha dicho Yunes en una conferencia de prensa horas después de los disturbios.

El detonante, de acuerdo con lo que expuso el gobernador, fue el traslado de cuatro reos de alta peligrosidad que pertenecían a grupos criminales y que desde la cárcel seguían operando y afectando a la región montañosa del estado. Los cuatro sujetos habían estado involucrados en homicidios, secuestros y otros delitos graves. La versión oficial de los hechos desmiente que el motín se debiera a una serie de reclamos contra el director del penal y que supuestamente habían sido ignorados sistemáticamente hasta que escaló la violencia. «Ese dato no lo voy a dar», dijo Yunes a pregunta expresa sobre si iba a pedir o si había recibido la renuncia del regente de la prisión.

El amotinamiento inició alrededor de las diez de la noche del sábado y fue controlado hasta primera hora del domingo. Afuera de la cárcel se observaron columnas de humo, lo que alertó a las autoridades y provocó que los familiares de los internos se desplazaran angustiados hacia el lugar. El caos se había propagado dentro y fuera de la cárcel con las familias arremolinadas contra las vallas que cercan el lugar y pidiendo información de forma desesperada, como retrataban las imágenes que llegaban desde Veracruz.

El control de La Toma necesitó de unos 200 agentes de diferentes corporaciones policiales y un desfile de patrullas y paramédicos que intentaban darse abasto para atender a los lesionados. Varios internos recibieron información en la enfermería del penal y la lista de heridos se compartió con sus familiares, ha dicho Yunes. Aún no se conoce la identidad de uno de los ocho muertos, no estaba uniformado ni como policía ni como preso. La causa de muerte del interno que falleció en el hospital fue una bala en la cabeza. El homicida habría sido uno de los cuatro presos que iban a ser trasladados, ha dicho Yunes este lunes.

El giro más radical tras las declaraciones del gobernador implica que no se trató de una protesta que se salió de control, sino de un ataque premeditado contra los agentes. La prensa local dio a conocer un vídeo en el que uno de los reos afirmaba que quería terminar con los disturbios, pero no que tenía condiciones para hacerlo porque su vida corría peligro. «Ningún funcionario público amenazó de muerte a nadie, es absolutamente falso», ha dicho Yunes tras reconocer que había visto las imágenes.

Yunes también ha negado que la cárcel, que aloja a 1.300 personas, tenga un problema de capacidad. «En general, en el sistema penitenciario del Estado no hay sobrepoblación», ha agregado. Algunas dudas persisten tras el amotinamiento de La Toma, en particular por qué sucedió una reyerta de tal magnitud y gravedad en un penal que está catalogado como de «seguridad media», por qué albergaba a cuatro reos de «alta peligrosidad», cómo era posible que siguieran delinquiendo aun tras las rejas y por qué su traslado provocó supuestamente tal respuesta de sus compañeros en prisión.

Otro de los cuestionamientos se centra en las condiciones de internamiento en el sistema penintenciario de México. Los especialistas y el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan que el hacinamiento, la falta de custodios y condiciones dignas, así como la corrupción son los detonantes de la crisis en las cárceles de México, que tienen una población de más de 210.000 adultos, según datos oficiales. Veracruz, uno de los estados más afectados por la violencia en México, tiene más de 9.500 internos.

El motín se produjo durante el fin de semana en el que arrancaron oficialmente las campañas electorales en el país. Además de las votaciones para elegir al presidente, a los senadores y a los diputados federales, Veracruz será uno de los nueve estados que elija a un nuevo Gobierno en el estado. Hasta el lunes al mediodía, ni Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador y candidato de la coalición del PAN y el PRD, ni el priista José Yunes ni Cuitlahuac García de Morena se habían pronunciado en Twitter sobre lo sucedido.

Información de : El País