Es sabido que legítimas transformaciones dirigidas a combatir la corrupción han fracasado debido a la falta de un ingrediente: una autentica y efectiva participación ciudadana.
Lo mismo puede suceder en Coahuila con el recientemente creado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Si la selección del Fiscal Anticorrupción y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, quedan ensombrecidos por el monopolio del poder, como sucedió con la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pieza clave para la sanción de conductas con sospecha de corrupción, la participación ciudadana, autentica y efectiva, iniciará su andar en un sendero plagado de sospechas y podría verse reducida a una simple marioneta comodina de la ley.
La ley no impide que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa tengan o hayan tenido cercanía con el poder. Nada prohíbe que algunos, en cuya responsabilidad recaerá la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, sean o hayan sido funcionarios. Y por supuesto que el PRI puede, en el momento que así lo estime, imponer su actual mayoría que ostenta en el Congreso del Estado. Se cumple la ley, pero se trastocan los equilibrios y se pone en riesgo uno de los valores fundamentales de la participación ciudadana: la autonomía.
Tiene sentido y es sano que altos funcionarios de la Universidad Autónoma de Coahuila participen en el grupo de ciudadanos que elegirán al Consejo de Participación Ciudadana, el atributo de “autonomía” de la institución los avala. Es además innegable que a los funcionarios de la máxima casa de estudios se les puede asociar con el conocimiento, la experiencia y el valor ciudadano. Sin embargo, ¿acaso no se les vio en las recientes campañas a algunos de ellos apoyando públicamente a ciertos candidatos?
El espíritu que procura vida al Sistema Estatal Anticorrupción es, en efecto, el involucramiento de ciudadanos libres de sospecha, sin débitos con el poder; absolutamente responsables ante la ciudadanía personificada por ellos mismos y de la que emanan (o de la que deberían de emanar). En el tema del combate a la corrupción en un estado con déficit de credibilidad y con la anquilosada costumbre de imponer voluntades, el origen y destino de los integrantes del SEA debería ser el mismo: la ciudadanía. Un cuerpo sin espíritu, es mero esqueleto, vulnerable al juego y capricho del titiritero.
La ciudadanía juega un papel determinante y estratégico para el logro de los objetivos establecidos en el SEA. Recordemos además que la función de los ciudadanos, tanto del Fiscal, los magistrados y los integrantes del Consejo, adquiere un importante papel no sólo “consultivo”, sino “resolutivo”. En este sentido, resulta evidente que además de la autonomía, los elegidos deberán de asegurar capacidad para abordar con objetividad temas tan complejos, plagados de mitos y de escandalosas verdades, como la deuda de Coahuila.
Una autentica (autónoma) y efectiva (competente) participación ciudadana, exige la selección de ciudadanos exentos de filias y fobias partidistas, sin cuerdas sujetas a las manos del titiritero, aptos para discernir entre la ficción construida por el juego político y la inquietante realidad de las arcas públicas diezmadas por los excesos.
Sea por la narrativa de la corrupción de los últimos años o por la tendencia nacional a favor de ciudadanizar los sistemas anticorrupción, ante la desilusión respecto a la efectividad de los órganos fiscalizadores de los estados para combatir las desviaciones a la ley, lo cierto es que es evidente la necesidad de hacer concurrir la participación ciudadana con las recientes reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Sólo que, el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y el conjunto de leyes e instituciones que lo respaldan, forman apenas un esqueleto, un armazón carente de emociones. Su esencia democrática, el espíritu que lo llamará a hacer valer la ley sin distingos, son un Fiscal y Consejeros con plena autonomía del poder.
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